CaubaUno

    Gestión INQUIETUDES SIN RESPUESTA Y LA ACTIVIDAD EN PELIGRO / MLP

    Con mezcla de impotencia y resignación, el CAUBAUNO -luego de un largo tiempo de espera- recibió un conjunto de respuestas del Municipio a las consultas técnicas sobre la aplicación del Código de Ordenamiento Territorial, formuladas el 6/4 y 25/5 respectivamente.

    Con la rúbrica de la Subsecretaria de Implementación y Seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y la Subsecretaria de Ordenamiento Urbano y territorial, los documentos responden solo parcialmente alguna de las consultas formuladas, evadiendo otras o respondiendo con fundamentos y desarrollos para nada satisfactorios, y fundamentalmente sin reconocer errores de concepción ni las dificultades identificadas que el articulado acarrea en el campo práctico.

    La situación no debiera sorprender, si se tiene en cuenta el proceso de gestación de este Código y su acelerado e inconsulto “tramite exprés” en el Concejo Deliberante, donde desestimada la opinión de los actores de la actividad, se conformaron contenidos que son el resultado de la decisión exclusiva y univoca de los equipos técnicos municipales.

    Lo concreto es que el resultado a la vista, minuciosamente analizado por el Observatorio del Código del CAUBAUNO, es una normativa “académica y de laboratorio”, que presume de conciliar y promover los ambiciosos objetivos estratégicos del Modelo Territorial propuesto en el Plan, pero no reparó en la inconsistencia de sus definiciones técnicas.

    En opinión de la Institución, a un más que razonable objetivo de limitar el crecimiento de la mancha urbana y consolidar las vacantes del área ya ocupada, se responde con exorbitantes limitaciones a la edificación que conspiran contra ello.

    Al objetivo de reorganizar el espacio urbano con la “ciudad de los 15 minutos”, buscando acercar los servicios esenciales y reducir la dependencia del automóvil para la calidad ambiental, se responde con la contradictoria y de dificultoso cumplimiento obligatoriedad de proveer una cochera a cada unidad funcional que se construya.

    A la necesaria actitud de mitigación del riego hídrico en zonas de peligrosidad, se responde calificando a casi el 50% de territorio como afectado, con restricciones y severas exigencias solo para el privado que desarrolle nuevas intervenciones, sin planificar acciones por parte del Estado y transformando los esfuerzos individuales en granos de arena en el desierto. Una clara demostración de ello, son las obras que se prevén en el Parque Saavedra, que a pesar de encontrarse en un área identificada como de riesgo en esos términos, la intervención no colabora con acciones como las que se exigen a los frentistas.

    Como definición, a la búsqueda de cuestiones que coadyuven al mejoramiento calidad ambiental y son para beneficio del conjunto, se responde no con incentivos sino contrariamente con extralimitadas exigencias, que ponen a la nueva construcción en clara deficiencia competitiva con el resto de las pre existencias, asumiendo costos económicos difíciles de amortizar.

    Y más allá las inconsistencias, indefiniciones e imprecisiones referidas, realmente preocupa el riesgoso e inconveniente margen de discrecionalidad que la Norma deja para la actuación de los funcionarios de turno.

    Documentos oficiales generados por el Municipio

    El panorama es absolutamente preocupante, ya que a las importantes dificultades de la economía en general, se impone un Código que pone un freno de mano a la actividad y a nuestro entender no es coherente con los objetivos del Plan General.

    No se trata de alentar el desorden ni la especulación, se trata de compatibilizar los objetivos estratégicos de Planificación con la realidad de la actividad inmobiliaria y la lógica de la construcción, ajustando los aspectos donde el Código peco inconducentemente de obstructivo.

    Desde el CAUBAUNO seguimos poniendo nuestros equipos técnicos a disposición de esa corrección, factible de materializar en un Decreto Reglamentario, pero que hasta ahora no encontró eco en el poder político y los funcionarios responsables.

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